Washington, D.C. – El 25 de julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso 13.342, que involucra a la señora Rosa Angela Martino, una mujer adulta mayor en Argentina, por la presunta violación de sus derechos a la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial y salud durante su internación en el Instituto Geriátrico Ayelén. Esta situación pone en evidencia fallas sistémicas en la atención geriátrica en el país y refleja una creciente preocupación por la protección de los derechos humanos de las personas mayores en la región.
En este caso, la CIDH concluyó que el Estado argentino no garantizó adecuadamente la atención médica a la señora Martino, diagnosticada con Alzheimer, durante su estancia en el geriátrico, lo que resultó en un grave deterioro de su salud. Asimismo, se identificaron deficiencias en el seguimiento judicial de la denuncia presentada por su hija, lo que derivó en la falta de justicia y reparación oportuna para la familia.
El caso expone una situación alarmante de abandono, desatención y vulneración de los derechos fundamentales de las personas mayores, un sector de la población que requiere protección urgente frente a las múltiples violaciones que enfrenta. En este sentido, la Fundación Derechos Mayores manifestó respaldar firmemente la decisión de la CIDH de elevar el caso a la Corte IDH, subrayando la importancia de garantizar una respuesta judicial efectiva y medidas de reparación que respeten los derechos humanos de las personas mayores en toda la región y reitera la importancia de asegurar una adecuada implementación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento que ha sido ratificado por Argentina.
El Presidente de la Fundación Derechos Mayores, Michel Toledo Ortiz, destacó la importancia de este caso para avanzar en la protección de los derechos de las personas mayores en toda la región:
“Este caso refleja no solo una deuda en la atención y protección de las personas mayores en Argentina, sino también la necesidad urgente de que los Estados implementen políticas públicas basadas en la Convención Interamericana. Las personas mayores deben ser tratadas con la dignidad y respeto que merecen, y los Estados tienen el deber de garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y protección judicial eficaz. Es fundamental que recordemos que los problemas de la vejez son de todos. Nuestra sociedad ya está envejecida, y estamos llegando tarde con las medidas de prevención y de abordaje. Este caso debe ser un llamado a la acción para todos los Estados de la región”.
La Fundación Derechos Mayores insta a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a fortalecer sus compromisos con la protección de los derechos de las personas mayores, garantizando que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas a nivel nacional y regional.
Convención Interamericana: Un Marco para la Protección Integral
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Argentina, representa un hito en la defensa de los derechos de las personas mayores en el continente. No obstante, el caso presentado ante la Corte IDH demuestra que la mera ratificación de este instrumento no es suficiente; es indispensable que los Estados refuercen sus mecanismos de supervisión, garanticen la calidad de los servicios de salud y promuevan una inclusión social plena de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida.
“El envejecimiento es parte del ciclo de vida de cada persona, y asegurar que este proceso se dé en condiciones dignas y seguras es una responsabilidad compartida. La Convención Interamericana proporciona un marco robusto, pero su implementación debe ser real y efectiva. Este caso ante la Corte IDH representa una oportunidad para que todos los Estados reflexionen sobre su papel en la protección de las personas mayores y adopten medidas que garanticen una vida plena para todos los ciudadanos, independientemente de su edad”, concluyó Toledo Ortiz.